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Doctrina | País: Argentina
Derecho Penal. Violación de secreto profesional – Mi secreto me condena (I confess).

Ref. Doctrina especial para Utsupra. Derecho Penal. Violación de secreto profesional – Mi secreto me condena (I confess). Por Fernando Goldaracena (h). Abogado a cargo del Departamento de Derecho Penal de Baker & McKenzie. Profesor adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Argentina. || FECHA: 04/11/2014



Violación de secreto profesional – Mi secreto me condena (I confess).

Por Fernando Goldaracena (h). Abogado a cargo del Departamento de Derecho Penal de Baker & McKenzie. Profesor adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Argentina.

Sumario: 1. Introducción. 2. El deber de abstención – el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación. 3. El estado de necesidad justificante – el mal mayor: cuando la necesidad tiene cara de hereje. 4. El secreto de confesión. 5. Obligación de denunciar. 6. Conclusiones – Hacia una defensa del Padre Logan.

1. Introducción.


Otto Kellar trabajaba en una parroquia de Québec (Canadá) y en ocasión de un robo, cometió un homicidio que luego confesó al padre Logan, a la postre principal sospechoso de aquel crimen (a la vez que envuelto en algún viejo asunto amoroso). En pocas palabras, esa es la historia de la antiquísima película de Hitchcock I confess (1953), conocida en Argentina como “Mi secreto me condena”, que sirve acaso como disparador del tema arriba enunciado.

Así de viejo es también el asunto del secreto de confesión de los sacerdotes católicos; materia sobre la que no habré de ahondar demasiado para evitar intromisiones en el Derecho Canónico, ajeno al objeto de este trabajo.

Es que, sin demasiadas pretensiones, aquí sólo se pretende analizar someramente el delito de violación de secreto previsto y reprimido por el artículo 156 del Código Penal Argentino (CP) y su aplicación concreta a situaciones como las del padre Logan.

Ello así, corresponde en principio recordar que el artículo 156 CP sanciona con multa de 1500$ a 90.000$ e inhabilitación especial de 6 meses a 3 años, a quien teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

El secreto profesional (o, para no herir susceptibilidades de Soler y Núñez, secreto a secas) importa la protección de toda información que se hubiere obtenido en virtud de una relación de confianza.

La Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH.) considera, en este sentido, que el deber de confidencialidad no comprende la información que se hubiere hecho pública [CIDH - Caso Palamara Iribarne vs. Chile – 22 de noviembre de 2005].

Por tratarse de un delito de peligro concreto, es suficiente para su configuración que el daño sea potencial, aun posible más que probable, según Núñez [Ricardo Núñez, Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, 2ª reimpresión, Editorial Lerner, Córdoba, 1989, pág. 125]

2. El deber de abstención – el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el ordenamiento procesal nacional, de acuerdo al artículo 244 del Código Procesal Penal (CPPN), quienquiera que hubiere llegado a conocimiento de hechos secretos en virtud de su estado, oficio o profesión, debe abstenerse de declarar en causa criminal. El artículo en cuestión enumera taxativamente los casos de: los ministros de culto admitido; los abogados, los procuradores y escribanos; médicos, farmacéuticos y parteras y demás auxiliares del arte de curar; y los militares y funcionarios públicos sobre los secretos de Estado.

A su vez, prevé el artículo citado que si el interesado liberara al testigo (guardador del secreto), éste podría declarar sin eventuales consecuencias. Sin embargo, en lo que a este trabajo interesa, el supuesto de excepción excluye expresamente a los ministros de culto.

Es evidente que ante una situación semejante, el juez podría igualmente interrogar al testigo aun a riesgo de verse obligado a aplicar luego - si el testigo se encierra en la negativa a declarar - el supuesto del artículo 247, segundo párrafo, CPPN en función del artículo 243 CP. Es que la decisión del juez competente autorizará pero en ningún caso obligará al reticente testigo a declarar cuanto supiere y le fuere preguntado. Concretamente, un sacerdote convocado como testigo para declarar en juicio criminal sobre hechos que hubiere conocido en contexto de una confesión, podría ampararse no sólo en el art. 244 arriba mencionado sino también en la objeción de conciencia, para defender su negativa a declarar.
La objeción de conciencia lo llevaría incluso a aceptar las consecuencias punitivas de su obrar, o mejor aún, resistir esas consecuencias pretendiendo su exoneración frente al incumplimiento de un deber.

En ese sentido, el artículo 243 CP. arriba mencionado sanciona con prisión de 15 días a un mes al testigo que se abstuviere de comparecer y/o de prestar la declaración para la que hubiera sido citado, en una suerte de resistencia a la autoridad; o mejor dicho, como sostiene Soler, un tipo privilegiado de desobediencia [Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, pág. 117].

La sanción en el supuesto de que el testigo declare en violación a dicha abstención es la nulidad absoluta de la declaración, cosa que, habilita por ende que el juez interviniente la declare de oficio.

Haciéndola extensiva probablemente a todo lo actuado en consecuencia en el proceso donde se practicara el acto, en virtud de la teoría del fruto del árbol venenoso de origen norteamericano, recepcionada en nuestro país en los casos de la CSJN “Montenegro” y “Fiorentino”. Sin embargo, no es posible descartar que el perjudicado por dicho testimonio inicie también una acción penal en contra del testigo que, a pesar de las disposiciones del artículo 156 CP, ventiló su secreto.

En este último supuesto, todo parece indicar que el mismo artículo 244 CPPN podría refrendar la defensa de la existencia de justa causa en los términos del artículo 156 CP. in fine, y así liberarlo de responsabilidad. Por lo tanto, la declaración aunque inválida en términos procesales, no conllevaría responsabilidad penal del testigo por el delito de violación de secretos. Ello siempre que la insistencia del magistrado fuera tal que, a criterio del declarante, hubiere representado justa causa para superar el deber de guardar secreto. Ello pues, como es evidente, la acción requiere dolo del autor, que aquí no se advierte si actuare en la creencia de que la insistencia del juez lo exime legalmente de guardar el secreto cuidado.

3. El estado de necesidad justificante – el mal mayor: cuando la necesidad tiene cara de hereje.

Ha dicho la Sala I de la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional que puede haber justa causa en algunos casos cuando exista una amenaza de un mal futuro que podría evitarse, pero no por el sólo interés para el castigo de delitos [c. 41.557, Muñoz Alcalá – reg. 372].

La justa causa a la que se refiere el artículo 156 CP in fine puede entonces confundirse con un verdadero estado de necesidad en los términos del artículo 34, inc. 3° CP. aunque para ello deben darse los presupuestos legales allí previstos. En tal supuesto, la conducta de quien testifica se tornaría atípica o, en cualquier caso, carente de responsabilidad penal por falta de dolo.

No obstante lo cual, dada la falta de un criterio unánime para determinar sin duda alguna cuál de los males en disputa puede considerarse “mayor” de acuerdo a las previsiones del artículo 34, inc. 3 del Código Penal, cabe concluir junto con Bacigalupo que lo decisivo será “el merecimiento de protección de un bien concreto en una determinada situación social” [David Baigún – Eugenio R. Zaffaroni – Marco A. Rerragni, Código Penal, Tomo 1 – págs. 625 y siguientes, Editorial Hammurabi]. Dicho de otro modo, el juzgador es quien debe apreciar en cada caso concreto y de acuerdo a las circunstancias del mismo, la preeminencia del bien jurídico protegido en cada uno de los supuestos bajo análisis.

No podemos olvidar que además de la comparación precitada, es requisito indispensable para la configuración de esta necesidad justificante, que el mal evitado hubiere sido inminente, es decir actual, y que quien se encuentre en la insalvable disyuntiva frente a los dos males haya sido absolutamente ajeno a su creación. Es que si el actor hubiere colaborado de cualquier modo en la creación del peligro, ya no será entonces extraño y por lo tanto, no podría configurar estado de necesidad.

Todo parece indicar, por lo tanto, que el concepto de estado de necesidad se emparenta más con intentar evitar una situación futura – inminente y peligrosa, que ocurrirá si el testigo no lo advierte, aun en violación del secreto custodiado.

4. El secreto de confesión.

Está claro que la ley no limita los supuestos bajo análisis a los confesores del culto católico, sino a todos los credos reconocidos en la Argentina. En términos estrictamente jurídicos, quien haya conocido un secreto religioso goza de una excepción a la responsabilidad penal que implica un comportamiento contrario a la ley.

Distinción que debe hacerse respecto de aquellos secretos conocidos por simple ocasión pero ajeno al ejercicio sacerdotal.

Con Soler, advertimos que los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional imponen un altísimo valor a la tutela de la persona y su intimidad, frente a un conflicto con otro bien jurídico tutelado.
Mientras el artículo 18 prevé que nadie puede ser obligado a declarar en su contra; el artículo 19 establece que las acciones privadas de los hombres y que no afecten a terceros quedan reservadas a Dios. Precisamente aquí entonces podría relacionarse el tema con lo religioso.
Según el Derecho Canónico, el secreto de confesión es inviolable bajo pena de excomunión (c. 983 y 1388, Código de Derecho Canónico de 1983). El mismo Código de Derecho Canónico inhabilita al sacerdote de ser testigo aunque el penitente lo hubiere autorizado o incluso le pida que lo manifieste (c. 1548 y 1550).¿Se puede exigir a un cura que elija entre el perjurio y la expulsión de su Iglesia?. Todo un drama de conciencia y de allí probablemente la posibilidad de oponer la objeción de conciencia.

No por nada Santo Tomás de Aquino dijo en su obra acerca de la confesión que: «Sobre aquellos hechos que se han confiado al sacerdote en secreto de confesión en manera alguna debe éste prestar testimonio, puesto que él no tiene conocimiento de los mismos como hombre, sino como ministro de Dios… » [Suma Teológica, Parte II – IIae, Q. 70 – Art. 1.]

Creencia que seguramente puede explicar el martirio de algunos que aseguraron su propia muerte antes de quebrantar el sigilo de confesión, como fueron los casos de San Juan Nepomuceno (Reino de Bohemia, 1393) y Felipe Císcar Puig (España, 1936) – mártires por guardar el sigilo, según las crónicas.
Más cercano en el tiempo, y sin connotaciones tan dramáticas, viene a la mente el caso de Josheph Towle, un cura del Bronx que había guardado un secreto durante 12 años, y en 2001 decidió revelar que dos hombres que estaban en la cárcel condenados por un asesinato, eran en realidad inocentes. Para lo cual Towle aseguó que el verdadero asesino, un tal Jesús Fornes, le había confesado su intervención en el homicidio de José Antonio Rivera en 1988, cuando transcurría el juicio por el asesinato contra ambos inocentes.

Al morir Fornes en 1997 y según sus palabras tras “reflexionar mucho”, Towle comunicó a las autoridades del Estado de Nueva York las confidencias de aquél, contando en tal caso con el apoyo de la arquidiócesis de Nueva York, que lo había autorizado a ello.

Algo más cercano resulta el caso del sacerdote chileno Andrés San Martín, quien en 2003 reveló durante la celebración de la misa que un joven desaparecido en ese entonces había muerto y estaba enterrado, de lo cual se enteró -según la crónica-, durante una confesión. Más tarde, San Martín se apartó de la Iglesia, pero no ha revelado aun lo que acaso le fuera confesado por el asesino.

5. Obligación de denunciar.

El artículo 177 CPPN. impone la obligación de denunciar sólo a los funcionarios y empleados públicos que hubieren conocido la existencia de un delito en ejercicio de sus funciones; y/o a los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas del arte de curar, en cuanto conozcan delitos contra la vida y la integridad física, salvo que hubieren estado amparados por el secreto profesional.
Señala Maier que los conflictos de deberes y facultades son muestras claras de incoherencia del sistema. Mientras una disposición manda realizar cierta acción, la otra la prohíbe; o una la prohíbe y la otra faculta al autor a llevarla a cabo. En cualquier caso, ante semejante disyuntiva y en concreto en cuestiones de secreto, deberán ponderarse los valores del secreto particular versus la persecución pública, y por ende dependen de criterios valorativos definidos por el propio sistema [Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal – Tomo I, págs. 223 y siguientes].

Así pues, la CSJN consideró que la denuncia efectuada por abogados de hechos de los que habrían tomado conocimiento en función del vínculo profesional, implica una violación al derecho de defensa en juicio y al derecho a la privacidad e intimidad del artículo 19 de la Constitución Nacional, y de allí que remitiéndose al dictamen del Procurador General de la Nación en “Clementi” [CSJN, 17 de abril de 2007], el Máximo Tribunal entendió que debía censurarse la presentación espontánea de quienes no estando obligados a denunciar (art. 177 CPPN.), y en violación a la estricta prohibición de hacerlo (art. 244 CPPN.), ponen de manifiesto hechos secretos que están obligados a guardar.

6. Conclusiones – Hacia una defensa del Padre Logan.

Eusebio Gómez se pregunta ¿Quién decide acerca de la posibilidad de revelar el secreto sin daño para la persona que lo confió o a quién pertenece? y él mismo responde que no son los tribunales, por desconocer el hecho, las modalidades y sus consecuencias quienes deben decidir sino la conciencia del profesional frente a la exigencia de la justicia [Eusebio Gómez, Tratado de Derecho Penal, Compañía Argentina de Editores, 1940, tomo 3, pág. 441].

En dicho contexto, aun cuando en el plano estrictamente jurídico el sacerdote hubiere estado autorizado a declarar (y en algún punto – siempre desde el punto de vista jurídico- obligado a hacerlo ante la insistencia del juez), será cuestión de la objeción de conciencia del religioso decidir -si su credo lo permite- ventilar cuanto supiere y hubiere conocido en el contexto de una conversación privada y estrictamente protegida por el sacramento de la confesión.

En el caso del padre Logan, el drama supera quizás la realidad. Pero desde el punto de vista jurídico y más bien terrenal, el asunto se reduce a la decisión de una sola persona: el sacerdote a quien se le ha confiado un secreto. Y en tal inteligencia, no puede pasarse por alto que el artículo 18 CN entre otras cosas dispone que “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Pues entonces, por razones de religión, culto u objeción de conciencia, quién puede acaso exigirle al sacerdote que ventile los secretos que ha decidido callar. ...

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